Fractura Expuesta
En medio de la incertidumbre generada por el anuncio del jefe de Gobierno, Jorge Macri, sobre la posible concesión a privados de los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras del sector impulsan una respuesta cultural: un festival de tango que reunirá a destacados artistas de la escena local.
La iniciativa surge tras la confirmación de que AM Radio de la Ciudad, FM La 2×4 y el Canal de la Ciudad podrían ser licitados y gestionados por empresas privadas, una medida que despertó preocupación en el ámbito cultural y periodístico. Frente a este escenario, la Asamblea de Trabajadores de los Medios Públicos de la Ciudad, acompañada por artistas y grupos de tango, organiza un encuentro musical para visibilizar el conflicto.
El evento se realizará el próximo 15 de abril, desde las 19.30, en el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF) y contará con la participación de reconocidos intérpretes como Ariel Ardit y Hernán “Cucuza” Castiello, acompañados por los músicos Maximiliano “Moscato” Luna y Juan Pablo Gallardo. También integran la grilla las cantantes Patricia Barone y Antonela Alfonso, además de Javier González y Hugo Hoffmann.
El cierre estará a cargo de la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires junto a Eliana Sosa, mientras que la musicalización será del DJ y programador Marcelo Rojas. La conducción del festival quedará en manos de las locutoras Paula Sterczek y Graciela Raffa de la 2×4.
Denuncian una “privatización encubierta”
El conflicto se profundizó el 16 de marzo, cuando el Gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial el llamado a licitación para la concesión de los medios públicos. Desde el sector denuncian que la medida constituye una “privatización encubierta”, al transferir la gestión de emisoras y señales estatales a manos privadas.
Según advierten, la iniciativa podría contradecir lo establecido en el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad, que garantiza la existencia de medios públicos destinados a la difusión cultural y educativa, así como el artículo 44 de la Ley 26.522, que establece la indelegabilidad de los servicios de comunicación audiovisual.
Además del impacto en los contenidos —que podrían quedar nítidamente sujetos a criterios comerciales— los trabajadores alertan cambien sobre el riesgo que enfrentan más de 400 puestos laborales.
