La legislatura porteña aprobó finalmente la norma que incorpora y reglamenta el funcionamiento de distintos espacios de cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras las numerosas clausuras que sufrieron diversos centros culturales en los últimos años y las distintas movilizaciones en reclamo de herramientas legislativas para el sector, los bloques legislativos completaron la segunda instancia necesaria para otorgar un marco normativo que contemple la actividad de los establecimientos.
La norma, aprobada por unanimidad, que incorpora al Código de Planeamiento Urbano y al Código de Edificación la figura de Centros Culturales define a los lugares como “el espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes”.
Además, la ley establece cuatro categorías según la capacidad de asistentes y sus exigencias de evacuación o egreso.
En cuanto a capacidad, los centros de “Clase A” podrán albergar hasta 150 personas y la superficie no podrá ser mayor a 300 metros cuadrados. Los espacios de “Clase B” desde 151 personas a 300 y la superficie de piso no mayor a 500 metros cuadrados.
En tanto en los de “Clase C” podrán entrar desde 301 personas hasta 500 y una superficie no mayor a 1.000 metros cuadrados y los de “Clase D” admitirán desde 501 personas y la superficie mayor a 1.000 metros cuadrados.
La legisladora Lorena Pokoik, una de las impulsoras de la ley, explicó a Télam que “la principal importancia es que venimos a llenar un vacío legal que condenaba a los centros culturales a clausuras arbitrarias por parte del gobierno”.
Por su parte, el legislador Pablo Ferreyra indicó también a la agencia que «a partir de la sanción de esta ley, los centros culturales porteños que no pertenecen al circuito oficial pueden inscribirse en el registro de usos culturales y obtener la habilitación para salir de la clandestinidad a la que estaban condenados por la regulación vigente».
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